Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba
Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche
Autoridades de la Comisión de Planeamiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
Terror es una palabra que puede sintetizar lo que los argentinos vivimos entre 1976 y 1983. Revisitamos una y otra vez ese período porque la última dictadura cívico-militar no fue un paréntesis de nuestra historia, sino porque es una clave para entender la sociedad, la economía y el sistema institucional actual. Resaltamos lo de cívico-militar, pues esta asociación pudo verse en acción no solo en las transformaciones económicas que la dictadura promovió, sino también en la que aquí nos toca: en la acción del gobierno de facto sobre la educación. Al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas, la Policía y el conjunto del aparato represivo ponían todos sus medios al servicio de la masacre organizada, muchos civiles en el terreno educativo oficiaron de ministros y autoridades; y en la universidad, de rectores. A diferencia de lo que solemos imaginar, los personeros de la dictadura en el terreno educativo no fueron exclusivamente outsiders.
La dictadura presentaba a la sociedad como un cuerpo indefenso y amenazado por la “infiltración subversiva”. Mientras que la prensa repiqueteaba con las bondades del libre comercio como dogma universal y objetivo, el lenguaje de la igualdad y la soberanía era etiquetado como contrabando ideológico del comunismo. Según el gobierno de facto, era en la educación donde el “marxismo” había encontrado tierra fértil. Así la educación fue concebida como un campo, pero no en los términos de Bourdieu, sino en sentido militar, o sea, como escenario de combate.
La Universidad no solo era un territorio sensible a la “infiltración”, sino que para el gobierno de facto tenía otro problema: se trataba de un sistema sobredimensionado. Entonces, se propusieron “reordenar”, “racionalizar” y “desmasificar” la Universidad. Para ello, cerraron la Universidad Nacional de Luján y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, fusionaron la Universidad de la Patagonia con la San Juan Bosco y dejaron a su cargo a un religioso, cuestionaron a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora por ser un territorio de la “guerrilla”, clausuraron algunas carreras y con otras tantas lo intentaron sin éxito; también, implementaron cupos, exámenes de ingreso y aranceles.
Por nuestras universidades pasaron miles de personas que fueron detenidas, torturadas y desaparecidas. A lo largo de estos 45 años las universidades fueron realizando diferentes acciones tendientes a la reconstrucción de la memoria colectiva. La publicación de las actas de las reuniones del Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales durante el período 1976-1983 será un aporte fundamental para conocer mayores detalles sobre la implementación de estas políticas, para conocer la dinámica de funcionamiento entre el Ministerio de Educación y las universidades en aquel entonces. Sin dudas, esto permitirá profundizar nuestra visión sobre un aspecto de la universidad de ese período.
Con esta acción las universidades reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.